Paula Barrios: “Las mujeres no queremos hacer un cementerio de este país”

La abogada in fieri Paula Barrios, directora de la asociación Mujeres Transformando el Mundo (MTM), brindó una entrevista por la plataforma Zoom el pasado 19 de febrero del presente año; la conferencia se produjo a raíz del reciente aumento en los casos de violencia contra la mujer.

Desde que la pandemia comenzó se han incrementado notablemente las denuncias por casos de violencia contra la mujer. En lo que va del 2021 se han registrado 3,200 denuncias y según colectivos feministas al menos 60 niñas y mujeres han sido asesinadas durante este tiempo en varios sectores del país. De la misma manera, se ha visto que muchos casos no tienen pronta respuesta, dejando así aproximadamente un 70% de casos solamente en investigación.

Barrios nació el 2 de octubre de 1973 y es abogada en proceso de graduación. Desde 1992 su experiencia de trabajo ha sido la violencia contra la Mujer, la defensa de los derechos humanos de Mujeres sobrevivientes de violencia sexual, personas con VIH, diversidad sexual y trabajadoras del sexo. Fundó Mujeres Transformando el Mundo (MTM) en noviembre del 2009. Tuvo a su cargo el desarrollo de la estrategia legal del Caso Sepur Zarco. Actualmente es Coordinadora General de la Asociación MTM.

Desde que inició la pandemia del COVID-19 se han incrementado los casos de violencia contra la mujer. ¿Qué influencia estima que ha tenido el confinamiento y la pandemia con dicho aumento?

La pandemia vino a restringir la movilidad de las personas y eso llevó a una reducción de denuncias. También tiene que ver con las instituciones de justicia, ya que cerraron por un tiempo y luego siguieron trabajando por turnos. Eso ha limitado bastante el acceso de las mujeres a colocar denuncias, sin embargo, creo que ya existían algunos factores que impedían poner una acusación.

En la capital está relacionado con el modelo de atención y la recepción de las denuncias. Al momento que las mujeres acuden a denunciar en el Ministerio Público de Gerona, la recepcionista las interpela y las víctimas deben narrar en ese espacio los hechos de violencia que han vivido. Muchas veces esta persona les dice que esos hechos no son violencia o les pide que nombren el tipo de violencia que van a denunciar. Entonces, se traslada a esa persona el trabajo que se debería hacer con las fiscales y psicólogas.

En el interior de la República las agencias del Ministerio Público están lejanas a las mujeres, muchas veces los funcionarios no hablan el idioma local, en cuarentena no había transporte público y las instituciones estaban trabajando por turnos. De la misma manera, las condiciones en las que ya vivían las mujeres como la pobreza, pobreza extrema y violencia, se han exacerbado porque ahora permanecen los hijos e hijas en casa o la pareja se ha quedado sin trabajo, entonces esa convivencia permanente y esas situaciones generan mayor conflictividad y expresiones de violencia.

Los casos de violencia contra la mujer tardan más de 600 días para ser resueltos. ¿Cuáles serían sus sugerencias para que los procesos judiciales, con respecto a este tema, sean más rápidos?

Creo que hay varias situaciones que podríamos proponer allí. Una de ellas es que se ha convertido en una función muy esquemática. Todas las víctimas de violencia deben ser remitidas al INACIF para que se realicen evaluaciones psicológicas, psiquiátricas o físicas. Estos se convierten en requisitos para poder solicitar una orden de aprehensión, mientras la ley establece que en esa primera etapa únicamente se requiere de una probabilidad y esa se deriva del testimonio de las víctimas, pero como no se le da la credibilidad suficiente a ese testimonio recurrimos a informes científicos, que si bien es cierto, son indispensables dentro del proceso, no lo son para esa primera parte. Así se han convertido muchos procedimientos en requisitos que no establece la ley, pero que en la práctica se han ido dando y esto dilata más el proceso.

Hay que darle mayor valor probatorio al testimonio de las sobrevivientes de hechos de violencia. Debemos de salir de un esquema que responde muchas veces a prejuicios y a estereotipos que superan los procedimientos y lo que establece la legislación en Guatemala; de eso también depende a que casos le damos mayor interés. El Organismo Judicial trae una mora histórica y también las denuncias superan la posibilidad de respuesta por poco personal, limitada infraestructura y recursos para la investigación. También hay una situación de litigio malicioso por los abogados defensores. Hay diferentes causas y unas tienen que ver con la estructura, otras con procedimientos, otra con falta de recursos y otra con la respuesta de un pensamiento patriarcal que genera estereotipos.

Usted anteriormente mencionaba que al momento de una denuncia se han solicitado requisitos que la ley no establece, entonces ¿Cree usted que realmente son necesarios estos requisitos para poder atender a alguien que sufrió violencia?

Por ejemplo, si pusiéramos el caso de una violación sexual, como profesional del derecho cuestiono el porque tenemos que recurrir a escudriñar en el cuerpo de las mujeres las evidencias, porque no basta el testimonio y las declaraciones. La prueba recae en las víctimas y no en los agresores porque hemos normalizado esas conductas, no nos cuestionamos como el hombre pudo violar a la mujer, sino que lo damos por hecho. Mientras las evidencias sean más patentes, se tendrá mejor posibilidad de acceso a justicia, pero cuando no, empezamos a presumir que se están inventando los hechos porque queremos encontrar las evidencias de que las mujeres no sintieron esa violencia sexual, que lucharon y se opusieron a ese acceso carnal.

La ley dice que será violación sexual cuando es menor de 14 años, pero la ley no dice “solo las menores de 14 años pueden ser violadas”, pero en el pensamiento patriarcal de los operadores de justicia la primera pregunta es ¿Qué edad tienen? Y si la niña ya tiene 14 años ponen en duda el consentimiento. Las pruebas están impregnadas por los estereotipos y por los sistemas machistas, patriarcales, clasistas, sexistas y homofóbicos que rigen y establecen esos procedimientos. Y así nos vamos inventando requisitos que no necesariamente están establecidos, pero que moralmente yo considero que de esa manera estoy dejando en claro que la mujer no tenía consentimiento o no quería.

Esto solo hablando de violencia sexual, imagínense la violencia psicológica que no es tangible; es incluso la violencia que tiene mayor dificultad para ser probada porque no hay una evidencia. Parte del trabajo de Mujeres Transformando el Mundo es generar otros mecanismos, un enfoque desde la perspectiva de género y de los derechos humanos de las mujeres para poder comprender y de esa manera investigar y juzgar los hechos de violencia.

Ante la muerte de Sharon Figueroa, el presidente Alejandro Giammattei pide al congreso que se apruebe la pena de muerte. ¿Qué beneficios considera que tendría implementar la pena de muerte para los feminicidas?

No considero que la pena de muerte sea la solución a estos hechos de violencia contra la mujer; no es hacia allí a donde debemos caminar. También debemos entender que es la pena de muerte, hacia donde va orientada una sanción por un hecho de violencia y como todas las personas tienen la posibilidad de reincorporarse a una sociedad mediante diversos mecanismos. Lo que a mí me presenta el discurso que aborda un ejecutivo es que quiere evadir la responsabilidad de responder a estos hechos. Nosotras las mujeres, las niñas y las adolescentes necesitamos recursos, mecanismos desde el Estado para que se protejan nuestros derechos. Es una obligación del mismo responder.

Incluso Alejandro Giammattei cuando era candidato presidencial dijo “Yo me opongo a la pena de muerte”, dio sus argumentos y ahora dice “Voy a implementar la pena de muerte”. Primero, no le corresponde, no le compete a él y segundo, es evadir la responsabilidad que tiene de generar políticas públicas, generar recursos, mecanismos e instituciones que fortalezcan la vida de las mujeres. Somos más del 51% de la población, las mujeres no queremos hacer un cementerio de este país, porque no son enfermos los que generan la violencia sexual, es mi hermano, mi papá, mi padrastro, mi abuelo. Esos discursos populistas lo único que quieren es generar una idea sin razonamiento profundo y sin un compromiso real de combatir la violencia.

En su anterior respuesta mencionaba que el Gobierno no brinda los recursos e instituciones necesarias para combatir la violencia contra la mujer. ¿Qué es lo que le impide al Gobierno brindar estos recursos e instituciones?

Es una cuestión de decisión. Tal vez no tenemos mecanismos desde la sociedad que obliguen al Gobierno de turno a que tenga esa autonomía de decisión, si invierte o no los recursos del Estado para hacer, quitar o debilitar instituciones. Así ha sido históricamente, lo hemos dejado prácticamente en la buena voluntad o en esa decisión más personal de los operadores o de los funcionarios públicos. Ahora la sociedad sale más a las calles a exigir y hacer escuchar su voz. Esto es lo que necesitaríamos en términos de la respuesta que el Estado debe dar para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres; que todos nos involucremos. Yo realmente veo muy positivo que las personas se manifiesten.

Por supuesto, hay una parte que tiene que ser la respuesta del Sistema de Justicia, otra parte que tiene que ser la atención a estos hechos de desaparición de niñas, de violencia sexual, de violencia contra las mujeres, física, psicológica, económica y violencia intrafamiliar; pero también tiene que haber prevención. No queremos continuar replicando estos hechos o que se vayan normalizando, sino tenemos que generar esos mecanismos de previsión y eso implica que el Estado, la sociedad y todas las instituciones que conformamos Guatemala se involucren.

El pasado sábado 13 de febrero decenas de niñas y adolescentes reclamaron al Estado guatemalteco justicia y fin a la violencia. ¿Cuánto contempla que influyen este tipo de marchas en las decisiones y acciones del Estado guatemalteco de justicia?

Yo espero que realmente se tomen con mayor responsabilidad. Es importante mencionar que es la primera acción política de expresión desde las niñas, imagínense tenemos que esperar que las niñas se pronuncien o salgan a manifestarse a las calles para hacer escuchar su voz. Creo que en esos parámetros sociales patriarcales siempre hemos callado la voz de las niñas. El rol de ellas es únicamente reproducir, aprender a ser una buena madre y no participar en ese espacio público que generaría un liderazgo. Por ejemplo, en el caso del Hogar Virgen de la Asunción las niñas simplemente querían que las escucharan.

Yo creo que más acciones de esa naturaleza serían necesarias. Yo hubiera esperado que alguna funcionaria o funcionario de cualquier institución del ejecutivo, del legislativo o del judicial hubiera recibido a esas niñas para dialogar, para escuchar sus demandas y no un paredón de agentes de la PNC resguardando una infraestructura del Estado y confrontando a las niñas. Ese es un reflejo claro del valor que les damos en esta sociedad y la respuesta del Estado a sus peticiones. Lo que se evidencia es que no les interesa, que no responde a sus expectativas, probablemente políticas partidistas y que tampoco sienten la presión y obligación de responder a este grupo poblacional que son las niñas y la niñez en general de nuestro país.

¿Qué medidas considera que deben ser tomadas para hacer factibles las políticas de prevención y evitar las muertes de más mujeres inocentes?

Las medidas deben ser diversas y a largo plazo. Cada institución social y estatal tiene una responsabilidad en ellas y un mecanismo para responder.

● En principio, el acceso a la justicia debe ser pronto y debe tener ese impacto en la sociedad para disuadir que los hechos de violencia no se sigan cometiendo. Deberíamos generar mecanismos para responder, proteger y prevenir, pero eso requiere que toda la institucionalidad trabaje en ese mismo sentido.

● Creo que el ejecutivo debe tener una participación más relevante y alejarse de las ideologías religiosas. Lamentablemente estamos viendo que hay una cooptación del Estado por parte de religiones diversas, pero que tienen fines de imponer ideologías. Desde ahí debemos ser más responsables, garantizar esa laicidad en el Estado.

● Hacer presión social para la agenda legislativa a favor de las mujeres, la niñez, los marcos normativos de protección, la inversión del presupuesto, acciones más sociales, atender la desnutrición crónica, atender la violencia, garantizar el acceso a la educación de las niñas y sobre todo de la población en general. La educación es un elemento fundamental para que todas las personas tengamos conocimiento y podamos defender nuestros derechos a hacernos escuchar.

● Implementar otros mecanismos que tengan una visión más social, pero que además sea adecuada al contexto y al aspecto cultural e idiomático de cada región. El Estado no responde a toda la población, sino a un grupo muy selecto. Esto realmente requiere un cambio de sistema y de prioridades de Estado.

¿Quiénes tenemos la posibilidad de hacer esos cambios? La sociedad, el pueblo, las mujeres y los hombres que se pronuncien y asuman la responsabilidad para mejorar la calidad de vida. Debemos de estar en todos los espacios, participar en todos los procesos e involucrarnos.

¿Cómo se ha visto Mujeres Transformando el Mundo estos últimos meses que han surgido tantos casos?

Bastante superadas; sobre todo el equipo de atención integral porque todos los días estamos recibiendo nuevos casos, solicitudes de acompañamiento, más los casos que ya venimos acompañando y que realmente no son casos, al final son una sobreviviente, su familia y su entorno. Nos preocupa que cada vez las victimas son de menor edad y que hay un auge de la violencia sexual. De igual manera, estamos con muchas nuevas iniciativas de acciones en relación con la atención integral. MTM tiene una visión más capitalista, pero ya que acompañamos los procesos en los departamentos podemos ver que hay una ausencia impresionante de las agencias de acceso a justicia y del Estado, entonces la tarea se hace más difícil.

He estado trabajando semi presencial. La virtualidad ha llevado a procesos más lentos. Estamos en desarrollo de acoplarnos a una nueva realidad y al incremento de casos que son referidos, incluso en departamentos que no habíamos trabajado, por ejemplo, Escuintla, Chiquimula y El Progreso. Y es que no solo es acompañar un caso, sino tratar de generar mecanismos locales. Así que sí, hemos tenido dos meses que no hemos sentido realmente.

Material extra compartido por Mujeres Transformando el Mundo:

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